Instructivo: Declaración de intereses y patrimonio para médicos del Sistema Público
Cuándo y bajo qué contexto los médicos deben realizar su declaración de intereses y patrimonio, considerando el escenario que los vincula cuando ejercen cargos públicos, según lo estipula la Ley 20.880. La Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico, Falmed, para aclarar posibles dudas que pueda generar en los facultativos el citado cuerpo legal, entrega las siguientes aclaraciones:


  • Los médicos deben realizar su Declaración de Intereses y Patrimonio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de asunción del cargo.

    Además, deberán actualizar dicha declaración (conforme a lo señalado en el artículo 5 de la Ley N° 20.880 y artículo 3 del Decreto N° 2 que establece el reglamento de la ley Nº20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses) anualmente en el mes de marzo y dentro de los treinta días posteriores a la conclusión de su cargo.


  • Todas las autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente, deben realizar esta declaración. Para establecer la referida equivalencia deberá estarse al grado remuneratorio asignado a los empleos de que se trate y, en caso de no tener asignado un grado, al monto de las respectivas remuneraciones de carácter permanente.


  • La declaración de intereses y patrimonio y sus actualizaciones, deberá hacerse a través de un formulario electrónico disponible para todos los obligados por la ley en el sitioweb www.declaracionjurada.cl, plataforma a la cual se podrá acceder ingresando con su RUN y clave única del Registro Civil.


  • Lo cierto es que deben cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 10 del artículo 4 de la Ley N° 20.880, por lo que si no reúnen las condiciones establecidas en la ley, no se encuentran obligados. Es decir, que sean funcionarios públicos, que ejerzan cargos de directivos, profesionales y/o técnico y que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente.


  • Al respecto, el artículo 11 de la Ley N° 20.880, establece:

    "Si la persona obligada a efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio no la realiza dentro del plazo dispuesto para ello o la efectúa de manera incompleta o inexacta, la Contraloría General de la República de oficio o a petición fundada de cualquier interesado deberá apercibir al infractor para que la realice o rectifique dentro del plazo de diez días hábiles, notificándolo por carta certificada, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la ley N°19.880.

    Si tras el apercibimiento se mantuviera el incumplimiento, la Contraloría formulará cargos y el obligado tendrá el plazo de diez días hábiles para contestarlos. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días hábiles. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, siendo ésta apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. La Contraloría, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia, mediante resolución fundada, propondrá al jefe de servicio, o a quien haga sus veces, la aplicación de una multa a beneficio fiscal de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo desde la notificación de la sanción.

    Si el incumplimiento se mantuviera por un período superior a los cuatro meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de acuerdo al estatuto respectivo. (...) Lo dispuesto en este artículo no obsta a la eventual responsabilidad penal que correspondiere conforme al artículo 210 del Código Penal".


  • La ley dice que la declaración de intereses y patrimonio debe actualizarse anualmente dentro del mes de marzo de cada año, por lo tanto, efectivamente, existe plazo hasta el día 31 de marzo. De lo contrario el profesional podría ser sometido al procedimiento sancionatorio establecido en la ley y su reglamento por el cumplimiento inoportuno de la obligación (artículo 3 y 26 del Decreto N° 2 de junio de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia).



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